¡Año Nuevo, Impuestos Nuevos!
El 2024 inicia con una noticia que pocos considerarían un regalo: la campaña de recaudación del impuesto predial. Bajo el lema “Con tu predial mejores servicios para todos”, el gobierno encabezado por Jesús Hernández busca nuevamente justificar un gravamen que, para muchos, no solo es injusto, sino también insostenible en la realidad actual del municipio.
Este impuesto, que se cobra por el “derecho” de tener una propiedad, se presenta con descuentos supuestamente atractivos para los “usuarios cumplidos” y grupos vulnerables. Sin embargo, detrás de esta estrategia se oculta una verdad amarga: el monto que se paga en enero es el regular, mientras que, mes a mes, el costo incrementa bajo el disfraz de “descuentos progresivos”. En otras palabras, el gobierno juega con la percepción de los contribuyentes.
La oferta del año: descuentos que no son lo que parecen.
Un Impuesto Cuestionable en un Contexto de Crisis
La recaudación del predial se fundamenta en la promesa de mejores servicios. Pero, ¿qué tan cierto es esto? En un municipio asolado por la inseguridad y la escasez de agua, resulta irónico que el gobierno pretenda justificar este impuesto sin ofrecer resultados tangibles. Las calles permanecen en mal estado, los robos son frecuentes, y los servicios públicos distan mucho de ser eficientes.
Además, la carga del predial se vuelve especialmente injusta cuando se considera que la vivienda es un derecho básico. Este gravamen termina penalizando a quienes han logrado adquirir una propiedad, imponiendo un costo adicional por algo que ya pertenece a los ciudadanos. Es un ejemplo más de cómo los gobiernos recurren a los contribuyentes para cubrir sus propias ineficiencias.
Los Descuentos: ¿Realidad o Farsa?
La campaña de descuentos, que promete beneficios del 30% en enero, 20% en febrero y 10% en marzo, es un juego de ilusiones. Lo que no se menciona es que el monto regular se aplica en enero, y cualquier pago posterior incluye un aumento progresivo disfrazado de “descuento”. Este mecanismo, lejos de ser un incentivo, es una trampa que obliga a los ciudadanos a pagar de inmediato para evitar un cobro mayor más adelante.
La estrategia es clara: apelar a la urgencia y al miedo de los contribuyentes para asegurar una recaudación rápida. Mientras tanto, las condiciones que se prometen mejorar con estos ingresos siguen sin cambiar. Es un ciclo de promesas incumplidas que se repite año tras año.
Una Reflexión Necesaria
Es momento de cuestionar la legitimidad de este impuesto y exigir una rendición de cuentas clara por parte de las autoridades. Los ciudadanos merecen saber cómo se utilizan sus contribuciones y por qué, a pesar de pagar impuestos elevados, los servicios públicos siguen siendo deficientes.
La vivienda no debería ser una fuente de ingresos para el gobierno, sino un derecho protegido. Mientras no se aborden los problemas estructurales del municipio, como la inseguridad y la falta de infraestructura básica, cualquier justificación para este impuesto quedará vacía.
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